LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES
Guglielmo Gallone - Ciudad del Vaticano
Varias organizaciones eclesiales han manifestado su apoyo a la medida, entre ellas Cáritas, la Conferencia de Religiosos de España y el Departamento de Migración de la Conferencia Episcopal Española. En una declaración conjunta, las organizaciones católicas definieron la regularización como «una medida de responsabilidad política, ética y social», haciendo hincapié en la relación entre irregularidad administrativa y exclusión social.
Una medida de responsabilidad política, ética y social. Así describieron el Departamento de Migración de la Conferencia Episcopal Española, Cáritas y la Conferencia de Religiosos de España la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el gobierno español de Pedro Sánchez. En una declaración conjunta, las organizaciones católicas destacaron la relación entre irregularidad administrativa y exclusión social, subrayando cómo la falta de estatus legal expone a muchas personas a condiciones de gran vulnerabilidad.
La medida del Gobierno de Sánchez
La medida está dirigida a los ciudadanos extranjeros que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, que hayan acreditado una estancia continua de al menos cinco meses y que no tengan antecedentes penales ni representen una amenaza para el orden público. Las solicitudes pueden presentarse en línea a partir del 16 de abril o presencialmente, con cita previa, a partir del 20 de abril, con fecha límite el 30 de junio. La residencia puede acreditarse mediante documentos personales verificables, incluidos documentos privados. Según el Gobierno, la regularización tiene como objetivo visibilizar el trabajo no declarado y fortalecer el sistema económico y de seguridad social. Las estimaciones indican un posible aumento del PIB de hasta 2,5 puntos, gracias a la incorporación de cientos de miles de trabajadores al sistema formal. El Gobierno también subraya que la medida no producirá un efecto de llamada, ya que se trata de personas ya integradas en el tejido social y económico del país. «Se trata de reconocer derechos, pero también de exigir obligaciones», escribió Sánchez en una carta a los ciudadanos, haciendo hincapié en que la integración implica necesariamente la regularización de la situación jurídica y la plena participación en la vida pública.
Movilización ciudadana
La medida sigue una tendencia ya observada en las últimas décadas: se trata de la séptima regularización extraordinaria desde 1986, periodo en el que diversos gobiernos han regularizado a aproximadamente 1,3 millones de personas. La iniciativa actual también surge de una movilización de la sociedad civil, que recogió más de 600.000 firmas para la presentación de una iniciativa legislativa popular, respaldada por cientos de asociaciones y grupos sociales.
La respuesta de la Iglesia
El mensaje compartido por la Conferencia Episcopal Española, Cáritas y la Conferencia de Religiosos de España también destacó cómo la situación irregular expone a los migrantes a una vulnerabilidad significativa, limitando el acceso a los derechos fundamentales y fomentando la marginación. Según los datos citados, una parte importante de los migrantes en España vive en condiciones de exclusión social precisamente por su falta de estatus legal. Por lo tanto, la regularización se considera no solo una herramienta administrativa, sino un paso necesario para garantizar la dignidad, el acceso a los servicios y la plena participación en la vida social. Al mismo tiempo, diversos grupos eclesiales han señalado las dificultades operativas del proceso, instando a las autoridades a desarrollar herramientas adecuadas, proporcionar información clara y ofrecer la posibilidad de presentar las solicitudes en persona, para así llegar a todos los posibles beneficiarios. El objetivo, recalcaron, es evitar que las personas más vulnerables queden excluidas de una medida destinada a superar las condiciones de invisibilidad y precariedad.
Fuente: Vatican News